Los titulares de la prensa me sugieren hoy una subespecie de haicús sociopolíticos y socioeconómicos personales: -

1.- Procede ayudar a pagar las deudas pendientes de las CCAA, no porque lo merezcan, sino para evitar la ruina económica de sus proveedores, que por otra parte también es cierto que hay casos en que parece ser que se han venido aprovechando de su condición de tales para mantener una productividad artificial, sostenida por el malgasto institucional.

2.- Pero es más importante poner límite a ese gasto, porque si no, lo probable será que la deuda se reproduzca en poco tiempo, dado que las CCAA y los ayuntamientos ya han confesado que no pueden sobrevivir ni siquiera prestar sus servicios más indispensables, sin contraer deudas. Una de dos, o acreditan su sostenibilidad o probablemente deberían desaparecer, con la alternativa de reconsiderar la posibilidad de refundirlos y así disminuir su número hasta un gasto compensable con sus ingresos.
Ni la administración ha hallado las minas del rey Salomón ni debe exprimirse más a los ciudadanos, o, por lo menos, a los ciudadanos que están por debajo de ciertos límites fácilmente calculables, cesta de los gastos habituales de una familia media a la vista (con los cálculos hechos, claro, con la debida y honesta objetividad).

3.- No cabe duda respecto del derecho de manifestación.

4.- Siempre que se controle la actuación de los piquetes supuestamente informativos y se respete escrupulosamente el derecho de disentir de la manifestación.

5.- Siempre que no se utilice por las organizaciones que todos suponemos en cada caso, el derecho de manifestación, para provocar y alimentar en gentes de buena fe, indebidamente manipuladas y desorientadas, una desestabilización social cuyo remedio no está habitualmente en la calle, sino en el funcionamiento de las instituciones.
Es fácil meterse entre los manifestantes y provocar a los agentes de la autoridad hasta que reaccionen y se produzca cualquier incidente contra en que se excite a los presentes para provocar remolinos y escaladas de violencia. Que ni que decir tiene que pueden desembocar en heridos, detenidos y cosas peores, para mayor éxito y regocijo de unos “animadores” cada vez más y mejor profesionalizados y mayor dolor e indignación social, a la larga, justificables.

6.- No deben subvencionarse ni partidos, ni asociaciones, ni sociedades, ni sindicatos, ni gremios. ¿No son sus representantes los que razonan que no debería subvencionarse a ninguna religión? Pues evidentemente son más los ciudadanos afectos a una u otra religión que los afiliados a cualquier partido o sindicato, asociación o club, cuyos gastos deben sufragar sus respectivos afiliados, por las mismas razones que sus dirigentes aducen para suprimir ayudas al cultivo del espíritu en su área religiosa. Que suele por cierto ser bastante más beneficioso para la sociedad que el de la ideología de cualquier asociación política, lúdica o económica, cultivadoras de lo material, que también nos compone, desde luego. Por eso ambos, cuerpo y espíritu, merecen la misma atención.

¿Qué puedo estar equivocado? ¡Pues claro! Quienquiera que lea, que no me crea sin más. Todos y cada uno debemos pensar por nosotros mismos.

Ahí sí que creo que está el quid de la cuestión.